Dispersión, distorsión e inflación. Son tres términos económicos que los argentinos han escuchado durante este mes y medio de 2011. Y son los argumentos que esgrimen funcionarios y expertos a la hora de explicar por qué suben los precios de los principales artículos que componen la canasta básica de alimentos.
La Argentina ha heredado de 2010 un fuerte reacomodamiento de precios, especialmente en un sector tan sensible para la mesa familiar como lo es la carne vacuna. Sin embargo, las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no han reflejado, en el 10,9% anual, la incidencia real que tiene ese alimento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este año se reeditó la vieja disputa entre la inflación oficial y la que relevan las consultoras privadas. Entre ambas hay una diferencia abismal para una economía en crecimiento como la nuestra, en el que el Estado ha puesto todas sus fichas a sostener el consumo y no enfriar la actividad.
El miércoles pasado, la presidenta Cristina Fernández hizo una férrea defensa de la gestión, sobre la base de la teoría de la dispersión de precios. Fue con doble intención: bajar las expectativas inflacionarias que existe entre la población y para afianzar los argumentos que esgrime -habitualmente- el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou.
El pánico por la discusión económica y política hizo mella en la sociedad. Los consumidores están poniendo más celo a la hora de efectuar sus compras y observan que los aumentos no detuvieron su marcha ni en el supermercado, ni en los autoservicios, mucho menos en los almacenes de barrio. Pero aquella discusión no servirá si no se efectúa con un debate responsable, en el que prevalezcan los intereses generales y no sectoriales. Todo se potencia porque 2011 es un año electoral en el que un sector intentará defender sus políticas y otro buscará sacar réditos del momento o reacomodar los valores a sus niveles de costos.
La falta de sinceramiento en la elaboración de estadísticas públicas, las presiones políticas hacia el sector privado, con el fin de congelar precios, el silenciamiento de los centros privados que elaboran informes socioeconómicos y el aprovechamiento de ciertos sectores para pescar en río revuelto no contribuyen a mejorar el clima económico. Más aún en un período previo a las negociaciones salariales que, de acuerdo con los testimonios recogidos por LA GACETA entre los paritarios, serán duras por las intenciones sindicales de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y por las proyecciones de los empresarios de sostener sus niveles de costos de producción y distribución.
Más allá de los intereses políticos en juego durante este año electoral, los argentinos necesitan que las reglas de la economía sean claras y que su moneda se consolide como un instrumento de pago que se sostenga en el tiempo, sin riesgos de devaluarse por efecto de la inflación. Sólo así, el país puede aspirar hacia un desarrollo sostenido, en el que el crecimiento de la actividad sea constante y que implique, entre otras medidas, la reducción de la pobreza, la eliminación del trabajo no registrado, la disminución del desempleo y, en definitiva, la estabilidad en los precios.
Funcionarios, empresarios, sindicalistas y organizaciones académicas y sociales deben conjugar sus fuerzas y sus inteligencias para elaborar planes superadores frente a un escenario de distorsión o de aumento generalizado de precios. Reconocer el problema puede ser un primer paso para tomar las acciones que consoliden a la Argentina. Ese debe ser un compromiso de todos los agentes económicos que tienen, entre sus manos, la posibilidad de fortalecer lo bueno del modelo y corregir los errores.